Cuando se cumple el 2º aniversario del gravísimo accidente nuclear de Fukushima, ya se vislumbran las terribles afecciones sobre las personas, el medio y la economía, y aún no se han manifestado todos los efectos. Para Ecologistas en Acción muchos países, entre ellos España, no han aprendido las lecciones de este accidente, a pesar de su enorme gravedad.
El 11 de marzo de 2011 se registró un terremoto seguido por un tsunami que tuvieron efectos devastadores en los 6 reactores de la central nuclear de Fukushima-Daiichi y en otros 8 reactores de Japón. El terremoto ya produjo graves daños en los reactores de æ y el tsunami vino a completar la destrucción de equipos vitales para la seguridad, lo que desembocó en una masiva fuga de radioisótopos, sobre todo yodo y cesio.
La humanidad se enfrentaba a un nuevo accidente que dispersaría grandes cantidades de radiactividad en el medio terrestre y en el mar y que tenía dos características que lo distinguían de accidentes anteriores: se produjo en Japón, una potencia tecnológica de primera línea, y se generó por un evento externo a la central. Este último hecho añade gran incertidumbre a la seguridad de estas plantas: ¿puede alguien prever todo lo que va a suceder que afecte a la central?
Los efectos sobre el medio y la salud de las personas no van a ser fáciles de obviar, porque hoy en día no han hecho más que empezar a manifestarse. De entrada, el riesgo aún no ha desaparecido en Fukushima, puesto que las dañadas estructuras de los reactores podrían no resistir los seísmos que podrían registrarse en un futuro próximo. Además, en la zona contaminada, de evacuación obligatoria, se recogieron más de 1600 víctimas del terremoto y tsunami: nunca sabremos cuantas de esas vidas se podrían haber salvado con la debida atención que no se produjo para evitar la radiactividad.
La contaminación viajó muy lejos del reactor e hizo que los niveles de radiactividad superasen las dosis admitidas para los trabajadores expuestos a distancias de 80 km y que los niveles fueran 8 veces lo normal en Tokio, ciudad de 30 millones de habitantes situada a 250 km de la central.
Además, se vertieron más de 12000 toneladas de agua contaminada al mar, lo que tendrá consecuencias impredecibles. De hecho se han pescado ejemplares de peces con un nivel de radiactividad 2500 veces el permitido.
Los primeros efectos de esta contaminación se registran ya en un informe emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde los cálculos indican: un aumento del 4 % de tumores sólidos y del 6 % en cáncer de mama en mujeres expuestas en su infancia; un aumento del 7 % de las leucemias entre los adultos expuestos en su infancia y un aumento de los cánceres de tiroides casi en un factor 100. Además de esto, la OMS recomienda continuos estudios médicos sobre la población para detectar las posibles enfermedades derivadas de la radiación.
A los terribles daños para la salud y el medio, hay que sumar los daños económicos. Según evaluaciones independientes, estos podrían ascender a 250.000 millones de $, de los cuales ya se han gastado unos 43.700 millones de $ de dinero público. En Japón la responsabilidad civil es ilimitada, pero no hay ningún reglamento que establezca como deben pagarse las indemnizaciones, por lo que TEPCO, la empresa propietaria de la central, todavía no se ve obligada a acometer indemnizaciones de consideración. Las cifras anteriores hay que compararlas con el máximo gasto por daños a terceros previsto por la legislación europea, en que se contempla una responsabilidad civil limitado, que ascienden a 1200 millones de euros.
Pese a todo esto, algunos gobiernos, entre ellos el español, siguen sin aceptar la evidencia de la peligrosidad de la energía nuclear y no establecen calendarios de cierre de las centrales nucleares. La industria nuclear y las compañías eléctricas que poseen centrales siguen poniendo la obtención de beneficios por delante de la salud de las personas y el medio ambiente. Es un caso más de apropiamiento privado de los beneficios y de socialización del riesgo.
Para Ecologistas en Acción el accidente de Fukushima muestra a las claras que es imposible garantizar la seguridad de las centrales nucleares y que lo más sensato es proceder a su cierre escalonado. Sobre todo teniendo en cuenta que existen ya energías alternativas capaces de suministrar electricidad sin riesgo y con mínimos impactos ambientales.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE EL CIERRE ESCALONADO DE LAS NUCLEARES
El 11 de marzo se cumple el 2º aniversario del gravísimo accidente nuclear de Fukushima (Japón). Con ocasión del mismo, Ecologistas en Acción pide públicamente el cierre escalonado de las nucleares.
El 11 de marzo se cumple el segundo aniversario del accidente de Fuskushima-Daiichi, en que además de los seis reactores de la central sufrieron graves daños ocho reactores en otros tres emplazamientos. Los impactos sobre las personas y el medio son simplemente devastadores y estamos contemplando los primeros cálculos realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), probablemente infraestimados, pero que arrojan ya cifras muy preocupantes.
El debate subsiguiente fue muy diverso en los diferentes países: en países como Alemania o Suiza dio lugar al apagón nuclear paulatino y definitivo, mientras que en otros, como España, las autoridades políticas y la industria nuclear permanecen agazapados hasta que pase el chaparrón. Como resultado del accidente, a petición de Austria, la UE impulsó la realización de unas pruebas extras en las centrales nucleares europeas, mal llamadas "pruebas de estrés".
Estas pruebas han sido muy limitadas por no tener en cuenta las acciones humanas sobre las centrales y porque los informes sobre los que han trabajado los organismos reguladores (el Consejo de Seguridad Nuclear CSN en el caso de España) han sido realizados por los operadores de las plantas y no por agentes independientes.
A pesar de ello, la puesta en práctica de las acciones sugeridas en los informes va a suponer un enorme gasto para la industria nuclear. Según la Comisión Europea (CE), podría ascender a unos 25.000 millones de € para toda Europa y en unos 750 millones de € para las centrales españolas. En el informe de la CE se refleja además una queja por la gran disparidad de reglamentos y niveles de seguridad exigidos en los diferentes países y se reconocen los fallos de seguridad de algunas centrales.
Las inversiones necesarias para cumplir con las reformas subsiguientes de las pruebas de estrés, junto con la incertidumbre por la seguridad y el impuesto establecido para la gestión de los residuos radiactivos han convertido a la central nuclear de Garoña (Burgos) en inviable. Por eso Nuclenor, la empresa propietaria, ha procedido a la parada de la planta, que se convertirá en cierre definitivo en julio, a menos que el Gobierno ceda al pulso que le está echando la industria nuclear española.
Ecologistas en Acción reclama que el resto de las nucleares españolas siga los pasos de Garoña y se proceda a un cierre escalonado para evitar el riesgo que supone mantener las nucleares en funcionamiento.
Asimismo, el cierre escalonado disminuiría la cantidad de residuos radiactivos a gestionar. Para estas peligrosas sustancias aún no existe solución definitiva y, entre tanto, se va a asestar un duro golpe a la comarca donde se encuentra Villar de Cañas (Cuenca), el pueblo donde se planea construir el cementerio nuclear transitorio centralizado.
