Francisco del Río. Colaborador de Correos de la Vega-www.otragranada.org
En Cortes de Baza y en Castril hoy no se comenta más que la buena noticia de la paralización de las obras y la retirada de las máquinas como consecuencia del auto del Tribunal Supremo. Los vecinos y vecinas preguntan qué pasará ahora con los tubos enterrados, con el daño ocasionado en la vegetación de ribera, con el destrozo de los cultivos y con las tierras expropiadas. La Plataforma en Defensa del Río continúa trabajando para que todo ello pueda resolverse positivamente. Los informes llegarán a los tribunales donde se deciden estas cuestiones. Y hay un punto de inflexión incuestionable en todo lo que rodea al proyecto de trasvase: que desde el 1 de marzo en que se publicó la sentencia del Supremo declarando nulo de pleno derecho el decreto 1419/2005, las obras del trasvase carecen de cobertura legal. Desde entonces, todo lo realizado, es decir las obras en Cortes y parte de las de Castril, han sido efectuadas por la CHG en clara situación de fuera de ley. Toda la obra ha quedado en situación de ilegalidad, pero las efectuadas desde esa fecha, además, se han hecho a sabiendas de esa situación de carencia de cobertura legal. Por tanto, lo que se pide, además de la demolición y restitución del daño ambiental y económico, son responsabilidades políticas y penales.
El informe del Defensor del Pueblo cuestiona todo que hasta la fecha han venido contumazmente sosteniendo la CHG y los responsables políticos comarcales y locales, con el subdelegado de Gobierno cubriéndoles las espaldas.
Pero con todo lo importante que han supuesto las decisiones del Supremo, quiero llamar la atención sobre la auténtica carga de profundidad, contra el pensamiento desarrollista de nuestros gestores políticos y que también se encuentra instalado en un importante sector de la población –sobre todo cuando median intereses económicos-, que ha sido el informe del Defensor del Pueblo que da respuesta a las quejas formuladas por numerosos vecinos/as. Abrumadoramente cargado de sentido común, cuestiona todo que hasta la fecha han venido contumazmente sosteniendo la CHG y los responsables políticos comarcales y locales, con el subdelegado de Gobierno cubriéndoles las espaldas.
Sostiene el Defensor del Pueblo que no ha habido una planificación racional de los recursos en Baza, como pone de manifiesto la autorización de nuevas concesiones, la permisividad respecto a las extracciones ilegales o la no restricción de las aprovechamientos existentes. Ello no es coherente con una utilización racional de los recursos naturales y el principio de prevención, contemplado en el artículo 45 de la Constitución. Tampoco la urgencia exime de esas otras medidas ordinarias que pudieran evitar una agresión irracional contra la naturaleza, porque el proyecto de trasvase, contra lo que afirma la CHG, sí tiene afecciones ambientales y, aunque la zona afectada careciera de figura de protección, también tiene que ser protegida. Para el Defensor del pueblo, el proyectado trasvase a Baza puede hacerse si está justificada su necesidad, y si no hay soluciones mejores socioeconómicamente y ambientalmente, y si se minimiza su impacto.
La captación del agua –siempre en caso de necesidad- desde la desembocadura del río Castril en el Negratín (o en el mismo embalse, como hacen desde Almanzora) es en lo que continuamente insiste la Plataforma y que propone en la negociación tantas veces demandada.
En esos tres condicionales está la clave. ¿Ha habido o hay necesidad? Según el Defensor, ni ha habido desabastecimiento, ni por el estado de los acuíferos, ni por las concesiones otorgadas o los pozos ilegales, etc. hay peligro. Y la sequía ha desaparecido. La necesidad de agua, por tanto, no está verificada. Cita literal: “Esta defensoría no estima ajustado al Ordenamiento Jurídico ejecutar una obra pública (con impacto ambiental pues todas la tienen como hemos argumentado más arriba) por una presunta necesidad no verificada sino potencial, de garantizar el abastecimiento en circunstancias futuras. Habrá que justificar que esa necesidad de garantizar el abastecimiento existe, porque de lo contrario habrá un daño al medio ambiente que no encuentra justificación ni está amparado en nuestro Ordenamiento”.
Respecto a las soluciones mejores económicamente y ambientalmente, el Defensor plantea la necesidad de una evaluación estratégica, no de impacto de proyectos ya elegidos, sino de distintas soluciones, comparando consecuencias, e incluso la de no realizar obra alguna. “Las decisiones públicas (…) han de elegir la mejor de las diferentes soluciones estratégicas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses desde una perspectiva global e integrada, incluida la de no hacer nada, pues la evaluación debe poder decidir que el entorno quede inalterado”. Por ello, concluye “Lo contrario es una suerte de permiso para impactar”.
Precisamente, la reconsideración del proyecto alternativo, consistente en la captación del agua –siempre en caso de necesidad, cosa que a fecha de hoy no ha quedado verificada- desde la desembocadura del río Castril en el Negratín (o en el mismo embalse, como hacen desde Almanzora) es en lo que continuamente insiste la Plataforma y que propone en la negociación tantas veces demandada.
Por último, el Defensor, a la vista de los errores y omisiones existentes en la información facilitada respecto a lo que realmente se está ejecutando y se pretende ejecutar, según denunció la Plataforma, plantea la posibilidad de un nuevo análisis ambiental de las obras, a la vez que insta a la CHG y a la secretaría de Cambio Climático del ministerio de Medio Ambiente, a que respondan a las alegaciones formuladas por la Plataforma por la Defensa del Río Castril, así como las enviadas por la propia oficina del Defensor. En fin, un varapalo de sensatez a las administraciones. Lo que el Defensor del Pueblo pide, negro sobre blanco, es lo mismo que venimos demandando: sentido común, racionalidad y sometimiento al ordenamiento jurídico.
