Manuel Cala Rodríguez, es Presidente de GRAECO, miembro de Salvemos la Vega, colaborador de otragranada.org y, Rafael Félix Torres, como Manuel, es miembro de la Asociación La Avutarda Bujalanceña)
Para InterVegas (2018) (1) son diversas las amenazas que se ciernen sobre la preservación y mantenimiento de los espacios agrarios, su agricultura y sus paisajes como consecuencia de la confluencia de diferentes procesos: expansión de la superficie artificial, fragmentación de la superficie agraria como consecuencia del paso de infraestructuras viarias, contaminación, abandono de la actividad agraria profesional,… y la pérdida del patrimonio material e inmaterial vinculado con la agricultura. Estos impactos negativos actúan como principales impulsores de la degradación ambiental del territorio, deterioran las relaciones entre campo y ciudad, y suponen una pérdida de la identidad territorial de muchos lugares. Se trata de problemas que se producen por la falta de políticas específicas para proteger los espacios agrarios que pueden suponer una limitación muy importante para la viabilidad futura de la actividad agraria. A la pérdida de superficie agraria hay que añadir las dificultades que supone, para garantizar el relevo generacional, la falta de una legislación clara que regule el mercado del suelo y de los arrendamientos de parcelas, y, con ello, el que se disponga de un mercado de suelo fértil para el cultivo, para la incorporación de la juventud o para ampliar la dimensión de la explotación agraria. Se trata de procesos especulativos que están evitando que muchos espacios agrarios sean cultivados, perdiendo de esta forma su dimensión productiva. El suelo agrario debe de ser conservado pues además de ser fundamental para favorecer la economía local, es necesario para la supervivencia de las personas dedicadas a la agricultura.
En consecuencia, parece fundamental que la agropecuaria disponga de suelos fértiles capaces de sostener producciones cercanas para que la ciudadanía urbana y rural pueda avituallarse de comida fresca, de calidad y asociada a la dieta mediterránea, reduciendo los costes de transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a los “alimentos kilométricos”. El suelo fértil es una reserva alimentaria estratégica clave para el soporte de políticas agroalimentarias locales, y para favorecer tanto la economía local como el mantenimiento de los paisajes de la agropecuaria donde poder desarrollar actividades educativas y de disfrute al aire libre.
El Convenio Europeo del Paisaje primer tratado que promovía la protección, gestión y ordenación de los paisajes europeos
El 20 de octubre del 2000, en Florencia, el Consejo de Europa formuló el “Convenio Europeo del Paisaje”, que fue ratificado por España el 26 de noviembre del 2007 (BOE 5/2/08) (2). Se trata del primer tratado internacional dedicado exclusivamente a todos los aspectos de los paisajes de Europa, que tiene como objetivo fundamental promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes europeos, ofreciendo un nuevo y sólido marco para situar el paisaje en un primer plano de las políticas europeas en materia de Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (respecto a otros Convenios anteriores centrados exclusivamente en la protección del Patrimonio Cultural material o en la conservación de la naturaleza). Presenta algunas novedades relevantes como que los conceptos de Patrimonio Cultural y Natural por primera vez se fusionan en una visión integral del paisaje, que contempla tanto los aspectos naturales como los culturales. Además, introduce la dimensión social del paisaje y le otorga la consideración de elemento de bienestar, dando especial cobertura a la relación que se establece entre el ser humano y el medio que habita. Es significativo por tanto, el papel básico que desempeñan los paisajes para el interés general, en los campos ambiental, cultural, ecológico, y social. En relación con la agricultura y la ganadería, constituye un recurso favorable para su sostenibilidad, la actividad económica y la creación de empleo, al mismo tiempo que son un componente fundamental del patrimonio natural y cultural, particularmente del español, que contribuye al bienestar de los seres humanos y la consolidación de las identidades territoriales, consideramos que deben ser reconocidos jurídicamente, catalogados y protegidos.
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial incluye a la agricultura y pide medidas para garantizar su viabilidad
El 17 de octubre de 2003, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó, en París, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (3). A los efectos de la misma, se entiende que el patrimonio cultural inmaterial de la agricultura como muchos otros (entre los que se incluyen los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y las técnicas artesanales tradicionales), deben ser salvaguardados mediante la adopción de medidas por parte de cada Estado para garantizar su viabilidad presente en el territorio. Entre otros fundamentos, considera la:
– Importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible.
– Profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural.
– Conveniencia de mejorar y completar eficazmente los acuerdos, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en materia de patrimonio cultural y natural mediante nuevas disposiciones relativas al patrimonio cultural inmaterial.
– Necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente entre los jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su salvaguardia.
– Contribución de la comunidad internacional a salvaguardar ese patrimonio, con voluntad de cooperación y ayuda mutua.
– Inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humano.
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible considera que la alimentación, los medios de vida y la gestión de los recursos naturales no pueden separarse
El 25 de septiembre de 2015, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, adoptó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (4), donde se expresa que la alimentación y la agricultura son fundamentales para alcanzar plenamente el conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. Se reconoce que en adelante no se puede considerar la alimentación, los medios de vida y la gestión de los recursos naturales por separado. Un enfoque centrado en el desarrollo rural y la inversión en agricultura (cultivos, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura) es un instrumento eficaz para poner fin a la pobreza y el hambre y alcanzar el desarrollo sostenible. La agricultura presta una contribución esencial en la lucha contra el cambio climático (FAO 2016) (5). Por tanto, parece clarividente que la agricultura y la alimentación son fundamentales, tanto para asegurar la seguridad alimentaria de todas las personas, como para hacer frente al cambio climático o para avanzar hacia un desarrollo sostenible, basado en una relación equilibrada entre las necesidades sociales, económicas y el medio ambiente.
La Constitución Española y el medio ambiente y la agricultura
Por su parte, la Constitución Española declara que: “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva” (art. 45. 1.). “Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles” (art. 130.1).
La Proposición de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía que se tramita ahora recoge aspectos avanzados
El Titulo IV (Planificación y Gestión de los Espacios de Producción) de la “Proposición de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía” (LAGA) (6) que se está tramitando en la actualidad, recoge aspectos avanzados como que:
1) El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia agraria, pueda efectuar “Declaraciones de Zona de Protección Agraria”.
2) Cuando la complejidad y el logro de una mejor ordenación y protección de la zona agraria de que se trata así lo exijan, dicha Declaración podrá acordar la formulación de un “Plan de Zona de Protección Agraria”.
3) Está prevista la formulación y aprobación de “Planes de Ordenación de Explotaciones”.
4) La Consejería competente en materia agraria colaborará con las administraciones municipales y supramunicipales para establecer una transición ordenada entre el medio rural y el medio urbano, fomentando la implantación de “Parques Agrarios y “Huertos urbanos”.
El Observatorio de la Sostenibilidad considera que la ocupación del suelo es uno de los principales indicadores de sostenibilidad, pero cada día se pierden en España unas 76 hectáreas de suelo
Como señala el Observatorio de la Sostenibilidad (OS) (7), la ocupación del suelo es uno de los principales indicadores de sostenibilidad de un modelo económico. Una disminución de los suelos productivos agrícolas y de los ecosistemas forestales que suponen una gran parte de la biodiversidad representa uno de los principales riesgos que puede tener un país a largo plazo en temas de ciclos ecológicos y climáticos. Al mismo tiempo se ha producido la pérdida del patrimonio cultural y ecológico que constituían las redes de riego y drenaje, lo que conlleva en su conjunto un fuerte riesgo de desaparición de espacios con grandes méritos para la conservación desde la perspectiva cultural, territorial, productiva e incluso biológica. Las investigaciones demuestran que los cambios más profundos y posiblemente transcendentes son aquellos relacionados con la “artificialización del suelo”, por su carácter de irreversibilidad, tanto en el interior como en la franja litoral, con una tasa anual de 27.666 Has/año, es decir 76 hectáreas al día o, lo que es lo mismo, unas 3 hectáreas a la hora. Para darse cuenta de la rápida evolución del proceso hay que señalar que en toda la historia española se habría urbanizado hasta el 2005 un 100%, hasta 1987 un 66% y entre el 2000 y el 2005 un 15% de todo lo construido en la historia del país. El suelo edificado en el estado español se ha incrementado en torno al 40% en los últimos 20 años, siendo el ritmo de crecimiento muy superior al del resto de los países europeos. Casi las tres cuartas partes de esta superficie transformada tiene su origen en el suelo agrícola. Este preocupante consumo de terreno agrario, muy especialmente en los entornos de las ciudades y en las áreas costeras, está provocando que el suelo fértil pierda su valor como factor de producción, en buena parte a favor de tener un valor urbanístico especulativo derivado de sus posibilidades de recalificación de uso.
Faltan normas específicas que frenen la degradación del suelo fértil y garanticen la soberanía alimentaria
Esta preocupante transformación viene determinada por la carencia de, al menos: - Normas específicas de protección del suelo fértil que pongan freno a su fraccionamiento por el paso de las estructuras viarias, e incluso a su desaparición por la expansión del suelo residencial e industrial. - Una gestión activa de dicho suelo fértil, lo que está influyendo decisivamente en el abandono de la actividad agraria profesional y provocando una falta de renovación generacional.
Como se ha cuestionado en numerosos foros científicos en materia de planificación y urbanismo, el entramado normativo no está funcionando de manera apropiada para frenar la degradación de suelo fértil. Ello viene provocando preocupantes afectaciones a ancestrales paisajes agrarios patrimonio-culturales, así como a la calidad del entorno natural y de los servicios de los agroecosistemas. Al mismo tiempo, está generando importantes pérdidas en la capacidad productiva de suelos agrícolas (particularmente en los entornos de las áreas urbanas), así como deterioros de las infraestructuras heredadas ligadas a la agricultura y a la ganadería, fragmentación del territorio (en relación a la densidad y disposición de las infraestructuras), y abandono o infrautilización permanente o temporal del suelo agrario.
En un intento de garantizar la soberanía alimentaria a nuestras generaciones venideras, parece obvio que es necesario un cambio de rumbo en la protección y gestión de los suelos agrarios, especialmente de aquellos agrícolas con un valor agrológico más elevado. Es importante alcanzarlo equilibradamente desde dimensiones tales como: - Ambiental: preservación del suelo fértil y servicios de los agroecosistemas. - Productiva: gestión de la actividad agraria. Financiación y apoyo a la actividad productiva. - Social: generación de empleo. - Patrimonial: defensa y puesta en valor de los paisajes patrimoniales y culturales. Con ello, además se vería directamente más fomentado el sector primario, y manera más indirecta otros sectores económicos, así como los paisajes productivos y culturales ligados a este tipo de suelos.
Intervegas propone una Ley marco que preserve los suelos agrarios fértiles
Para intentar llevarlo a la práctica, InterVegas (2017) (8) apuesta por poner en funcionamiento todos los mecanismos necesarios de forma conjunta entre las administraciones públicas y la sociedad civil, mediante la aprobación de una Ley marco que preserve los suelos agrarios fértiles. Para ello se necesitan establecer los principios y las directrices que han de orientar la articulación de las políticas desarrolladas a nivel autonómico, integrando sus dimensiones: productiva, ambiental, social y cultural, y en el que el elemento básico sea la comunidad agraria. Ésta delegaría en las normas de ejecución y en las autoridades competentes en la materia la función de definir las medidas específicas que se deberán de adoptar para dar plena efectividad junto con todos los instrumentos que la acompañen, la preservación, recuperación y dinamización de los espacios fértiles determinantes para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria del Estado Español. Su finalidad es la de dar cumplimiento al mandato del legislador constituyente relativo a la protección de los recursos naturales, poniendo atención en este caso en los suelos más valiosos a nivel productivo para asegurar su continuidad tanto en el presente como para nuestras sucesivas generaciones venideras.
También se necesita que emane del Congreso de los Diputados y con un fundamento constitucional, que podría estar basado en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española de 1978 (9), por el que reserva al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente, así como también en los antes referidos 45.1 y 2, y 131.1. Asimismo, podría tener analogías con otras leyes de regímenes jurídicos básicos de protección, como por ejemplo:- Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Ley 13/1985, del Patrimonio Histórico Español, y/o la Ley 43/2003, de Montes.
Coincidiendo con InterVegas, su objeto debe pasar por la preservación, recuperación y dinamización de los espacios agrarios por sus importantes valores productivos, ambientales, históricos,… y culturales que son determinantes para la calidad de vida de la ciudadanía, la seguridad y soberanía el desarrollo territorial sostenible del Estado Español. Para alcanzarlo, debe establecerse un marco regulador de los usos del suelo, aprobar medidas de gestión y de financiación de la actividad agraria que fomentan el mantenimiento de la actividad productiva, la mejora de las condiciones de vida de las personas que se dedican a la agropecuaria, la preservación de la superficie agraria frente a las presiones de naturaleza urbanística que amenacen su sostenibilidad y la protección, restauración y gestión de los paisajes de la agricultura. Para avanzar en su desarrollo, es necesario considerar criterios como: - Definir e inventariar los suelos objeto de regulación. - Instrumentar su protección, dinamización y gestión. - Dotarse de un Plan de financiación. - Señalar plazos y programa de ejecución para su aprobación y también para la aprobación de las leyes autonómicas. - Definir el reparto competencial y de responsabilidades. – Coordinarse interinstitucionalmente.
Para último, resumir y recordar algunas cuestiones que no deben olvidarse, igualmente compartidas con InterVegas (donde está asociada “La Avutarda Bujalanceña” desde su creación), tales como:
a) Basar la Ley en las potencialidades y en la multifuncionalidad de los sistemas agrarios: alimentación, paisaje, cambio climático, cultura etc., pero muy dirigida al soporte jurídico de máximo nivel equiparable a la Ley de Patrimonio Histórico (1985, basada en Art. 46 C.e), Ley de Espacios Naturales Protegidos (1989, basada en Art. 45 C.e.).
b) Utilizar el Art. 130 C.e. “Poderes públicos modernización y desarrollo... sobre todo agricultura y ganadería”.
c) Enfatizar en la agricultura periurbana, pero sin perder de vista la agricultura en general y sin descartar otros espacios que están siendo amenazados por el abandono y por las grandes infraestructuras y megaproyectos.
d) Contar con el apoyo de personas expertas en el ámbito jurídico‐legislativo.
e) Crear alianzas con redes preexistentes: Foro de Acción Rural (están trabajando en la diversificación de cultivos, por ejemplo), Campaña “People for Soil”, que incluye no sólo la protección del suelo sino también mantener su fertilidad.
f) Aprovechar la coyuntura política de la red de ciudades que han firmado el Pacto de Políticas Agroalimentarias de Milán y las ciudades y parlamentos autonómicos que han firmado el Pacto de Intervegas.
Con base en los argumentos expuestos, los autores de este artículo respondemos a la pregunta que lleva por título este artículo; sí, hay que proteger los suelos agrarios, al menos, para garantizarle la soberanía alimenticia a las generaciones venideras y que puedan seguir comiendo.
(1) INTERVEGAS (2018). Disponible en https://intervegas.org/
(2) BOE (Nº 31, de 5 de febrero de 2008) Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1899
(3) UNESCO (2003). “Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003”. Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
(4) AGENDA 2030 (2015). “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
(5) FAO (2016). “La alimentación y la agricultura claves para la ejecución de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. La alimentación y la agricultura son fundamentales para alcanzar plenamente el conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. Disponible en http://www.fao.org/3/a-i5499s.pdf
(6) LAGA (2018). Proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaydesarrollorural/raif/noticias/-/asset_publisher/84HY7xp8pnW2/content/proyecto-de-ley-de-agricultura-y-ganaderia-de-andalucia?inheritRedirect=true
(7) OS (2014). “Sostenibilidad en España 2014 SOS 14”. Disponible en: http://www.observatoriosostenibilidad.com/SOS%202014%20v22.pdf
(8) INTERVEGAS (2017). “Agenda y definición del Plan Estratégico de Intervegas para la protección y gestión de los paisajes productivos y culturales dela agricultura.”. Disponible en http://intervegas.org/wp-content/uploads/2017/11/ACTA_Agenda-y-definici%C3%B3n-plan-estrat%C3%A9gico-2017.pdf
(9) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
